Participar significa "fomar parte". Las personas formamos parte entre grupos: la familia, la escuela, la ciudad, el país.
El concepto de "soberanía popular".
El término "soberanía" refiere al poder o autoridad que posee una persona o un grupo de personas con derecho a tomar decisiones y a resolver conflictos en el seno de una comunidad política.
Es el pensamiento liberal del siglo XVIII el que acuñó el principio político de soberanía popular sobre el cual se construyeron las democracias modernas. Este principio postula que es el pueblo el depositario del poder, al tiempo que los gobernantes son ejecutores de la voluntad popular.
El siglo XIX y los límites a la participación popular.
Inspirados en las ideas del liberalismo del siglo XVIII los revolucionarios franceses se abocaron a la tarea de construir un cuerpo político legítimo que garantizara la seguridad, la propiedad y la igualdad de derechos.
Para las elites políticas de la época estos riesgos tenían su origen en la irrupción de las masas populares en la vida política. Si hasta entonces los asuntos públicos y la vida política habían estado reservados a los reyes, a los nobles y a los ricos, tras la Revolución Francesa una inmensa mayoría "plebeya" (artesanos, obreros, campesinos, jornaleros, comerciantes, etc.), comenzó a ocupar un lugar protagónico en el rumbo de los acontecimientos políticos.
El esfuerzo de las elites políticas del siglo XIX se orientó a buscar fórmulas político-institucionales que permitieran "domesticar" una fuerza que a sus ojos parecía ingobernable. Es por eso que las elites del siglo del siglo XIX propugnaron diversas formas de limitar el sufragio y mediatizar la representación de las mayorías, como el voto indirecto en el cual los ciudadanos elegían representantes quienes elegían a las autoridades máximas, y el voto censatario el cual limitaba el derecho a elegir y ser elegido a los ciudadanos de mayores ingresos económicos.
La eliminación del voto censatario.
La Constitución francesa de 1791 instauraba la representación a través del voto censatario. En la Constitución de 1795 reglamentaba el voto censatario indirecto. En la primavera de 1815, el Acta Adicional de las Constituciones del Imperio dictaminaba que sólo podían ser miembros de los colegios electores los "ciudadanos sujetos a los mayores impuestos".
Recién después de la Revolución de 1848 en París el voto censatario fue eliminado en Francia.
La historia del sufragio universal es la historia del conflicto entre las elites políticas y los sectores populares por el derecho a intervenir en el mundo de las decisiones políticas. Recién en el siglo XX las mayorías conquistaron ese derecho.
La lucha feminista por el sufragio.
Las mujeres han sido tradicionalmente excluidas de muchos de los derechos civiles, sociales y políticos.
Mary Wollstonecraft, inglesa, fue la primera en propugnar el sufragio femenino. Fue apoyada por el cartismo (movimiento de importante arraigo entre los trabajadores, que exigía la ampliación de los derechos políticos) y por algunos intelectuales y políticos liberales, pero los proyectos de ley presentados al Parlamento inglés a favor del voto femenino no fueron aprobados.
En 1903 surgió movimiento que era un grupo de mujeres organizadas en la Unión Social y Política de Mujeres las cuales querían la equiparación con los hombres en el derecho al voto. Implementaron huelgas de hambre y marchas pero recibieron una respuesta violenta.
Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 este movimiento abandonó la campaña sufragista para apoyar el esfuerzo bélico del país. Hacia 1918 resultaba imposible seguir sosteniendo los argumentos en contra del sufragio femenino. Así fue que las mujeres mayores de 30 años que reunieran determinadas condiciones obtuvieron el derecho al voto. En 1920 este derecho se amplió a todas las mujeres mayores de 21 años.
Mientras en Alemania las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1919. En España el sufragio femenino fue establecido por la Constitución de 1931. Dos décadas más tarde, las mujeres votaron por primera vez en Argentina en las elecciones generales de 1952.
Derechos y participación política en la Argentina del siglo XIX.
En la década de 1820, la provincia de Buenos Aires estableció el voto sin restricciones para todos los varones adultos. Cuando se dictó la Constitución Nacional en 1853 esa tradición quedó consagrada para siempre.
En Argentina nunca se establecieron límites censatarios o de capacidad para el voto ciudadano.
Hubo quienes alzaron la voz contra el voto de sectores populares.
En la Asamblea Constituyente de Buenos Aires (1870-1873), el diputado Marín propuso el sufragio calificado y censatario: "Limitemos el ejercicio de la soberanía a la parte más inteligente y capaz de la provincia o de la ciudad, daremos gran responsabilidad a las mesas receptoras de votos y entonces el resultado de la elección será manifestación franca y verdadera de la mayoría del país."
Estas propuestas son ilustrativas del problema que representaba el sufragio universal irrestricto para las clases dirigentes de la época.
La limitación de la participación en el Río de a Plata.
Tras la Revolución de Mayo esa misma movilización popular fue protagonista indiscutida a la hora de dirimir conflictos, con España primero, y entre unitario y federales después. Sin esas masas "plebeyas" todo régimen político se volvía imposible. Más aun cuando la irrupción revolucionaria había consagrado el dogma de la igualdad.
Tras la sanción de la Constitución Nacional en 1853, se realizaron elecciones que pautaban la designación de diputados provinciales y nacionales, de electores para presidente y vicepresidente, y de integrantes de gobiernos municipales. Estas elecciones no eran efectivamente un ejercicio de la soberanía popular.
En Argentina se manipulaban las elecciones. El voto no era ni obligatorio ni secreto y así se podía controlarlo más aun. En todas las fases del proceso electoral el aparato oficial (del partido gobernante) tenía su peso decisivo.
Además, durante gran parte del siglo XIX la participación en las elecciones era limitadísima: en Buenos Aires quienes votaban no alcanzaban a representar el 2% de la población. Los datos disponibles también permiten aseverar que votaban las clientelas electorales que en ocasiones pertenecían a los sectores populares y dentro de sus filas, los peones y jornaleros vinculados de alguna manera a la administración estatal.
Los actos electorales se caracterizaban por notables niveles de violencia y fraude.
Así, las prácticas y modalidades electorales implementadas permitieron controlar la participación popular en la vida política. Muchos de estos mecanismos se fueron perfeccionando en los años que siguieron a la consolidación del Estado Nacional en 1880.
Del orden conservador a la Ley Sáenz Peña.
Entre 1880 y 1930 la economía registró un acelerado crecimiento en la producción agrícola-ganadera destinada a la exportación gracias a que el Estado argentino desarrolló una política que fomentó la entrada masiva de inmigrantes para resolver la escasez de mano de obra.
Entre 1862 y 1930 ingresaron al país cerca de 5.000.000 de inmigrantes, de los cuales más de la mitad se radicó definitivamente Argentina.
Estas transformaciones no fueron acompañadas por la ampliación de los derechos políticos ni por la extensión de la participación popular en los asuntos públicos.
La clase dirigente que llevó adelante la organización y conducción del Estado durante el período 1880 – 1916 tenía ante sí el desafío de construir un régimen de gobierno estable y también, evitar los "riesgos" de la democracia que pudieran socavar su poder y sus privilegios. De ahí que fue construyendo una modalidad de gobierno caracterizada por la exclusión de hecho de las mayorías, la mediatización de los modos de elección y diversos mecanismos de control y manipulación del voto popular.
Los inmigrantes gozaban de los mismos derechos civiles que los argentinos, pero quedaban excluidos de los derechos políticos.
El voto era voluntario, colectivo y no secreto. Además, se votaba indirectamente (se elegían diputados, senadores y electores; estos últimos eran quienes, en la Junta Electoral, designaban al presidente de la Nación.
Era usual la compra de sufragios y de libretas cívicas, la repetición del voto, el doble comicio y el control de las comisiones empadronadoras.
La participación de la población en las elecciones no supera en ningún caso el 50%.
Hacia el Centenario (1910), intelectuales y políticos plantearon que era necesario iniciar reformas institucionales que ampliaran la participación política de la población. La sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 hizo que el voto fuera universal, obligatorio y secreto para todos los varones adultos.
La participación política de la ciudadanía en los asuntos públicos encontró a los largo del siglo XX, nuevas ampliaciones y también nuevas restricciones.
El peronismo y la ampliación de la participación política.
El 6 de septiembre de 1930, Uriburu encabezó el primer golpe de Estado de la Argentina.
A lo largo de toda la década del 30 el régimen político se sostuvo sobre la práctica sistemática del fraude electoral.
El fin del fraude llegó con la elección de febrero de 1946. Juan D. Perón asumió en ese momento la Presidencia de la Nación.
El acontecimiento más relevante del período en el cual Juan. D. Perón asumió como presidente de la Nación, fue la sanción de la ley del voto femenino en el año 1947.
La participación activa de los sectores populares en la vida política se manifestó también a través de la constante organización y movilización a las que apelaba el gobierno.
La oposición al peronismo.
El peronismo generó también profundos rechazos y oposiciones en diversos sectores sociales.
Los opositores fueron reprimidos de diversas maneras: despedidos laborales, encarcelamientos, censura, entre otras.
Para los opositores, las prácticas públicas que desde el Estado se imponían y alentaban se asemejaban demasiado a las sostenidas por los regímenes totalitarios que habían azotado a Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente el fascismo y el nazismo.
La proscripción del peronismo.
El 16 de septiembre de 1955, las Fuerzas Armadas lideraron un nuevo golpe de Estado y Perón partió al exilio.
En noviembre de ese año la nueva dictadura significó la exclusión del Partido Peronista de futuras elecciones, la prohibición de nombrar públicamente a Perón y a Evita, de exhibir símbolos peronistas, etcétera.
El golpe de Estado y la represión que lo acompañó provocaron un profundo malestar social que con el tiempo no hizo más que agravarse.
Los avatares de los derechos civiles y políticos en la Argentina del siglo XX.
Entre 1930 y 1976 las Fuerzas Armadas encabezaron seis golpes de Estado y sólo dos gobiernos constitucionales lograron culminar su mandato (Agustín P. Justo y Juan D. Perón)
Los dos primeros gobiernos peronistas sostuvieron modalidades autoritarias y represivas para con sus opositores. La anulación formal del Estado de derecho, la represión de huelgas y movilizaciones, la prepotencia y el abuso de la autoridad, la tortura a prisioneros, etc., han sido prácticas comunes para nuestro país.
Los golpes militares que se sucedieron a lo largo del siglo contaron con el apoyo y el consenso de importantes sectores de la sociedad civil.
La valorización de la democracia, de sus instituciones y del estado de derecho que sólo ésta puede garantizar constituyó para la sociedad argentina un aprendizaje muy costoso, vinculado a la trágica experiencia de la última dictadura militar (1976 – 1983). Esta dictadura no fue una más de aquellas a las que los argentinos estaban acostumbrados. Implementó un régimen represivo que por su naturaleza, dimensión y modalidades no tiene precedentes en la historia nacional. Miles de detenidos – desaparecidos, asesinados, presos políticos, exiliados, muchísimos niños apropiados, el silenciamiento político y un modelo económico regresivo.
La derrota de la guerra de Malvinas en 1982 aceleró el proceso de desprestigio de la dictadura militar, que se vio obligada a abandonar el poder acordando con los partidos políticos la convocatoria a elecciones. Éstas se realizaron el 30 de octubre de 1983 y triunfó Alfonsín.
Varias décadas sin una práctica real hacían necesario un nuevo aprendizaje de las reglas del juego como así también de sus valores y principios más generales.
Fueron varias las crisis económicas, políticas, institucionales y aun sociales que los argentinos afrontamos.
Esta democracia tiene dificultades para impedir el deterioro creciente de los derechos sociales y económicos.
Los nuevos modos de participación política:
Un desafío para la democracia.
El voto, la manifestación en las calles, la huelga, la opinión a través de los medios de comunicación y de las encuestas son las formas en que los ciudadanos alcanzan en las decisiones que se refieren a lo público.
La democratización real pasa por la experiencia del poder de las personas, es decir, las personas deben tener ocasiones de ejercer poder y, en otro sentido, deben poder lograr algo de lo que lo que demandan.
Para hacer que esta democratización sea real hay que diseñar formas más igualitarias de poder que confieran a todos en modo creciente la capacidad de tomar el control de sus propias vidas, es decir, de ser agentes y autónomos.
La respuesta a la argumentación de que los ciudadanos no pueden participar "directamente" en los asuntos políticos y públicos, es que la participación real y efectiva no tiene por qué darse en una asamblea. Se pueden construir diseños institucionales que se basen en los principios de la democracia directa.
Existen mecanismos constitucionales que propician un ejercicio más directo de los derechos políticos: Iniciativa Popular, el Referéndum Obligatorio, la Consulta Popular, el Presupuesto Participativo, las Audiencias Públicas. Pero son mecanismos poco usados o que no han sido aún reglamentados y puestos en práctica.
Partidos Políticos.
El término "`Partido" proviene del latín, que significa parte. Es el hecho de "formar parte" de algo, un conjunto de ideas, opiniones e intereses.
Algunos partidos políticos en la Argentina son la UCR (Unión Cívica Radical), el Partido Justicialista y el Partido Socialista.
La expresión de "partido político" comenzó a usarse hacia fines del siglo XVIII en Francia e Inglaterra, tras los movimientos revolucionarios, cuando aumentó la participación política y crecieron las atribuciones del parlamento.
Los partidos políticos cumplen su papel fundamental en las sociedades democráticas porque articulan las demandas de los ciudadanos con el Estado.
Democracia.
El término "Democracia" se lo puede denominar como "gobierno del pueblo",
La democracia tuvo su origen en la Grecia antigua, especialmente en Atenas, entre el siglo VII y IV a.C. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participaran, permitían que los ciudadanos pudieran reunirse para discutir los asuntos públicos.
La burguesía en el siglo XVIII tomó un modelo opuesto a las formas autocráticas que primaba en el continente.
La democracia implica una serie de condiciones mínimas que permiten un acceso democrático a la toma de decisiones:
-Decisión de mayoria y el respeto de los derechos de la minoría.
-Derecho de toda persona a pensar diferente y expresarse de acuerdo a sus convicciones.
-Garantía de competencia pacífica a través del diálogo.
-Distribución del poder.
Democracia directa: Se caracteriza porque los ciudadanos intervienen directamente en las discusiones y en las decisiones políticas.
Democracia representativa: es una forma indirecta de participar en el gobierno. En las democracias representativas, las decisiones políticas son el resultado de deliberaciones por personas elegidas por los ciudadanos a través del voto. El sufragio o voto es la institución más importante de la democracia representativa.
Democracia formal: es el sistema de gobierno que cumple reglas "universales de procedimientos".
Democracia sustantiva: se caracteriza por acentuar la búsqueda de la igualdad, no sólo política sino social.
Nuevos medios institucionales de participación ciudadana
Las democracias actuales han ido incorporando nuevos medios de participación como la consulta popular y la audiencia pública.
El objetivo primordial es ampliar el debate acerca de los asuntos que son de interés-público y tratar de resolver, la crisis de representación del sistema democrático.
Algunos de los medios de participación son:
a) Libre acceso a la información: es obligatorio publicar las leyes , los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, las sentencias.
b) Audiencia pública: Tiene por fin establecer un ámbito en el que puedan ser escuchados los vecinos respecto de algun tema en particular.
c) Iniciativa popular: No se trata sólo de opinar sino de movilizar al órgano deliberativo para que trate obligatoriamente un proyecto de ley u ordenanza presentado por la ciudadanía.
d) Consulta popular. Referendum, plebiscito: En la consulta popular, el referendum y el plebiscito, es el órgano deliberativo, el órgano ejecutivo.
e) Revocatoria de mandato: Las personas que ocupan electivos los asumen por un tiempo determinado. La revocatoria: si el pueblo tiene el poder del voto para elegir a los candidatos para ocupar cargos publicos, también lo tiene para removerlos antes del vencimiento del plazo de duración determinado por ley.Uno de los legados más importantes de las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 fue la movilización de amplios sectores sociales y la constitución de milicias populares.
bibliografía:
Riffi Marcelo y otros, Derechos Humanos y Ciudadanía, Tinta Fresca. 1era edición, 2006.
Schusman y otros, Derechos Humanos y Ciudadanía, Aique, 1era edición, 2008
Jorge Altamira: Exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente histórico del Partido Obrero. Fue electo como candidato a Presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), una alianza electoral conformada por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y por la Izquierda Socialista.Su compañero de fórmula fue Christian Castillo, docente universitario y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
